La RBI abordaría, con eficacia, una de las principales razones de la desigualdad y subordinación de las mujeres, garantizando a todas ellas una razonable autonomía financiera.

A diferencia de la RGI o el IMV, la RBI es capaz de “neutralizar” algunos de los efectos más perversos de las relaciones de poder dentro de las unidades de convivencia. Su carácter individual supone un verdadero hito en la lucha contra la “familiarización” creciente de las políticas públicas.

Esto no presupone acabar con el sistema heteropatriarcal ni eliminar una de sus graves lacras, la violencia machista. No obstante, en algunos casos esta mayor autonomía económica podría ser uno de los instrumentos para facilitar la salida de los ciclos de violencia.

De la misma manera, la mayor libertad y autonomía brindada por la RBI a las mujeres supondría una valiosa herramienta para encarar todo tipo de discriminación en el trabajo: la más descarnada desigualdad de oportunidades en el acceso al mundo laboral, la precariedad de los empleos, la desvalorización, el acoso y la violencia sexual.